ALGUNAS PERLAS / Pozo, Mauricio

No existe experiencia internacional que se asemeje a la propuesta de la mayoría de la Asamblea Constituyente en cuanto a considerar a la actividad bancaria como delegable del sector público al sector privado. No aparece en el espectro de otros países un concepto constitucional cercano a afirmar que la intermediación financiera sea una actividad que involucre fondos públicos. Dirán que eso no dice la propuesta, sin embargo, al "final del día" se están mezclando fondos eminentemente privados con la posibilidad de que éstos sean afectados por la presencia de acciones de gobierno. La Superintendencia de Bancos tiene todas las atribuciones legales para actuar en su rol de supervisión y control de la actividad financiera. Es absolutamente necesario su concurso firme pero técnico, que salvaguarde la sanidad del sector bancario. Por lo tanto, es inaceptable que se pretenda incorporar una norma legal y constitucional que delegue al sector privado la actividad bancaria. Es exclusivamente una función privada la que ejercen las instituciones bancarias. La sola posibilidad de que mañana se retire esa delegación es similar a atentar contra la privacidad y seguridad de los depósitos. Tal vez por tratar de golpear a los dueños de los bancos se está amenazando la estabilidad de los depósitos bancarios. Es una seria tentativa que abre la puerta para una futura intervención contra la propiedad privada. Si algún policía o militar es incorrecto, ¿se justifica la eliminación de la policía nacional o las fuerzas armadas? Eso es lo que se pretende hacer con el Banco Central. Eliminar su autonomía para hacerle una pieza de decisión gubernamental es sepultar la única institución que quedaba con algún grado de credibilidad, muy a pesar de las equivocadas actuaciones de los últimos tiempos. Corrijamos lo que debamos corregir, pero no afectemos la credibilidad de las labores técnicas. Hoy, 9 jun. 2008, p. A. 4