ARGENTINA Y LA DEUDA / Gallardo, Jorge

Al no poder salir a los mercados internacionales para financiar sus necesidades de liquidez, Argentina depende de la buena voluntad de Venezuela. Por lo cual, se puede decir que Venezuela se ha constituido en el prestamista de última instancia de la Argentina. El Presidente de Venezuela reveló a la prensa hace unos días atrás que Venezuela había comprado USD 1 000 millones en bonos emitidos por la Argentina. Estos bonos a siete años plazo, tienen una tasa de rendimiento cercana al 15 por ciento según fuentes especializadas. Esta compra se agrega a la realizada el pasado mayo, cuando Venezuela compró USD 1 300 millones, lo que da un total de más de USD 6 000 millones en los últimos años. Esta situación se origina en el año 2002, cuando Argentina decidió declarar una moratoria al pago de la deuda externa en poder de los inversionistas privados. Luego en el año 2005 vendría la propuesta de canje que fue acogida por una gran mayoría. Los que decidieron no aceptarla iniciaron demandas legales en Europa y en EE.UU. De esta manera al no poder acceder a los mercados internacionales, y con un mercado interno restringido, Venezuela es la única opción que tiene por el momento. Críticos de este tipo de acciones mencionan el hecho de que por razones políticas, la Argentina pagó de contado la voluminosa deuda que mantenía con el FMI, la cual ascendía a USD 9,8 mil millones por la que pagaba un 4 por ciento anual, y la canjeó por deuda por la cual tiene que pagar una tasa de rendimiento de dos dígitos. Además, la Argentina mantiene una deuda vencida con los gobiernos representados en el Club de París por más de USD 6 000 millones, lo cual complica su situación crediticia. Por el momento, no hay presiones en las finanzas públicas, las mismas que registran un superávit primario sólido, y las reservas internacionales sobrepasan los USD 47 000 millones. Pero, con una deuda pública que representa el 53 por ciento del PIB, a pesar de la reducción del 2005, la Argentina se corre el riesgo, ante una situación económica adversa, de volver a enfrentar problemas de liquidez y solvencia que la forzará una vez más a tomar medidas unilaterales que afectarán su estabilidad económica, social y política. El Comercio, 24 ago. 2008, p.11