LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SIGUE EN LA POLÉMICA / El Comercio

Las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) insisten en que la declaración patrimonial que se exigirá a los ciudadanos cuyos bienes superan los USD 100 000 no se usará con fines políticos. Hay que saludar esa declaración oficial, pero también es necesario advertir que la retórica gubernamental no alcanza para tranquilizar a los miles de ciudadanos que han expresado su malestar por este mecanismo de control que estará vigente desde mayo próximo. La preocupación no solamente se queda en lo político: aunque el SRI afirme que la información patrimonial solamente servirá para determinar el pago correcto del Impuesto a la Renta e, incluso, identificar riquezas mal habidas e ilícitas, muchos ciudadanos temen que dicha información se use como herramienta ideológica intimidatoria o también tenga un fin oculto: crear un nuevo impuesto. Los ecuatorianos aplauden el interés del SRI por promover una sociedad más transparente. Pero esta transparencia debe construirse sobre la obligación gubernamental de escuchar las inquietudes ciudadanas y ser sensible a ellas. No hay mayor ejercicio democrático que el de tomar decisiones basadas en la más amplia deliberación. El Comercio, 12 feb. 2009, p. 10