EL DECRETO DE CORREA CHOCA CON LA LEY

El Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop) está analizando la forma de aplicar el decreto presidencial 1793, que prohíbe a las entidades estatales contratar a empresas que operan en los paraísos fiscales. La entidad ha buscado la cooperación de la Superintendencia de Compañías para reclasificar a los 10 352 proveedores habilitados por el Estado. El Servicio de Rentas Internas (SRI) también alista información para cooperar con el Incop. Su director, Carlos Marx Carrasco, asegura que la entidad cooperará con Compras Públicas. Sin embargo, el decreto que impulsa estas iniciativas institucionales pudiera ser ilegal. El constitucionalista Ernesto López explica que un decreto presidencial no tiene la jerarquía jurídica para ir sobre la Ley de Contratación Pública. El Comercio, 24 jun. 2009, p. 2